A escasos días del primer caso de la COVID-19 reportado en la ciudad de Quibdó, capital del departamento de Chocó, se detectaron cinco personas contagiadas entre el personal de salud del hospital San Francisco de Asís. Esto llevó al cierre del principal centro de atención del departamento. El hospital presta servicios a más de 530.000 personas de 30 municipios, pero solo cuenta con 137 camas y no tiene unidad de cuidados intensivos.
La llegada del coronavirus solo hizo más evidente la crisis administrativa, médica y sanitaria que hace años agobia al hospital. Miles de chocoanos no podrán ser atendidos si contraen la COVID-19. La mayoría de ellos son personas afrocolombianas de alta vulnerabilidad frente a la pobreza y la violencia, con múltiples necesidades básicas insatisfechas: el precario acceso a la salud acentúa las brechas de melanina que continúan racializando la provisión de salud. En estos lugares, las instituciones están más empobrecidas y los cuerpos de la gente negra están más enfermos que en el resto del país. Sin lugar a duda, la crisis de la COVID-19 solo puede profundizar la desigualdad racial.
Colombia tiene una deuda con la salud de las personas negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Ellas pueden tener la misma posibilidad de contagiarse pero todo indica que tienen una mayor probabilidad de morirse. Por más de 200 años, el Estado colombiano ha hecho poco por revertir la herencia colonial y la geografía racializada, y el gobierno de Iván Duque no es la excepción. El país debe ver en esta crisis una oportunidad de desracializar la salud del país.
Ningún municipio del país está preparado para combatir la pandemia. Sin embargo, los municipios afrocolombianos están particularmente desprovistos de recursos. De hecho, 106 de los 113 municipios afrocolombianos no cuentan con unidades de cuidados intensivos.
La agenda mínima a seguir es bien conocida. En la zona urbana de los municipios afrocolombianos se necesitan hospitales de segundo y tercer nivel. En la zona rural, es necesaria la creación de un sistema de vigilancia epidemiológico comunitario étnico que fortalezca la medicina tradicional y las prácticas de salud propias, tal como lo ha solicitado la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales. De no entender esto, el gobierno de Iván Duque estaría reproduciendo las condiciones para que los colombianos con un poco más de melanina sean desigualmente afectados y, por tanto, aún más racializados por esta enfermedad.
