En Colombia, donde la corrupción parece ser una característica constante del gobierno, la reciente revelación sobre la desaparición de 5 billones de pesos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGR) no debería sorprendernos (Portafolio). Lo que debería escandalizarnos y movilizarnos es la impunidad con la que se ha manejado este monumental desfalco. Este fondo, creado para atender emergencias y desastres naturales, parece haber sido diseñado desde su concepción con un objetivo muy diferente: el robo sistemático de recursos públicos (La Silla Vacía).
Es importante destacar que estos desfalcos no son un fenómeno reciente, sino que tienen sus raíces en administraciones pasadas. Gobiernos anteriores han sentado las bases de este sistema corrupto, permitiendo que la cultura de la impunidad se arraigue profundamente en las instituciones públicas del país. La falta de medidas contundentes y efectivas contra la corrupción ha perpetuado un ciclo vicioso donde los recursos públicos son constantemente malversados sin consecuencias reales para los responsables (El Colombiano).
Mecanismos de robo: un plan bien orquestado
La UNGR fue instituida con la misión noble de proteger a los colombianos de calamidades naturales, tales como inundaciones, deslizamientos de tierra y terremotos. No obstante, la gestión de estos recursos ha estado marcada por irregularidades y falta de transparencia desde sus primeros días de funcionamiento. El reciente descubrimiento de que 5 billones de pesos han sido desviados o simplemente no pueden ser contabilizados pone en evidencia un sistema corrupto que se beneficia a costa del sufrimiento de los ciudadanos.
Los métodos utilizados para desviar estos fondos son tan variados como sofisticados. Desde contratos inflados y otorgados a empresas ficticias hasta la desviación directa de recursos a cuentas privadas, cada paso del proceso ha sido meticulosamente planeado para asegurar que el dinero público nunca llegue a su destino previsto. Este tipo de prácticas no son aisladas, sino parte de una cultura institucional de corrupción que permea todos los niveles de la administración pública.
Contratos ficticios y sobrecostos
Uno de los mecanismos más comunes para el desvío de fondos es la adjudicación de contratos a empresas ficticias o de papel, creadas específicamente para recibir estos recursos. Estas empresas, sin infraestructura ni capacidad operativa real, reciben pagos multimillonarios por servicios que nunca se prestan o por bienes que nunca se entregan. Adicionalmente, los sobrecostos en los contratos son una práctica habitual. Proyectos que podrían realizarse con una fracción del costo reportado se inflan artificialmente para justificar la extracción de recursos adicionales.
Lo más alarmante no es solo el robo en sí, sino la red de complicidades que lo facilita: funcionarios de alto nivel, auditores complacientes y una supervisión ineficaz crean un ambiente en el que la corrupción no solo es posible, sino inevitable. Cada eslabón de esta cadena de impunidad contribuye a un sistema donde el castigo a los corruptos es la excepción y no la regla.
UNGRD: funcionamiento costoso – resultados mediocres
La mayor parte del presupuesto del 2024 ($754.693 millones) está destinado al funcionamiento de la UNGRD. Esto incluye gastos operativos, salarios, mantenimiento de infraestructura, burocracia y otros costos administrativos necesarios para el funcionamiento de la entidad.
Ley 2342 de 2023 – Cifras en pesos colombianos
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha mostrado una fluctuación significativa en su presupuesto anual desde 2021 hasta 2024. A continuación, se presentan los datos del presupuesto y se realiza un análisis de la tendencia observada.
- 2021: $448.191 millones
- 2022: $739.131 millones
- 2023: $657.727 millones
- 2024: $780.279 millones
Ley 2063/2020, 2159/2021, 2276/2023 y 2342 de 2023 – Cifras en pesos colombianos
Aunque el presupuesto ha mostrado un crecimiento en términos absolutos, es importante analizar cómo se distribuyen estos fondos. Históricamente, gran parte del presupuesto de la UNGRD se ha destinado a gastos de funcionamiento, dejando pocos recursos para inversiones en infraestructura y tecnologías de mitigación de desastres.
La lentitud de la justicia colombiana
Un factor que agrava aún más esta situación es la lentitud del aparato judicial colombiano. Los procesos judiciales contra los responsables de estos desfalcos se prolongan durante años, permitiendo que muchos de ellos continúen en libertad e incluso sigan operando dentro del sistema. La falta de celeridad en las investigaciones y juicios no solo desmoraliza a la ciudadanía, sino que también facilita la perpetuación de la corrupción. Esta pasividad crea un ambiente de impunidad que fomenta la repetición de estos actos delictivos.
Un sistema sin control: sin ley de contratación
A la gravedad de la situación se suma el hecho de que la UNGR no está sujeta a las normativas de la Ley 80 de 1993. Esta excepción permite que los procesos contractuales se realicen con menor transparencia y control, facilitando aún más la malversación de fondos. La ausencia de estos controles legales refuerza la necesidad de una vigilancia ciudadana constante y robusta para evitar que se sigan perdiendo recursos esenciales para el desarrollo y bienestar del país.
Un llamado a la acción
Es hora de que los ciudadanos exijan respuestas y acciones concretas. No podemos permitir que la corrupción siga siendo el modus operandi en la gestión de nuestros recursos. Es necesario un cambio estructural que fortalezca los mecanismos de control y asegure que quienes roban al país enfrenten las consecuencias de sus actos. Solo así podremos aspirar a una Colombia más justa y transparente.
