Una nueva presunta irregularidad en el marco de la contratación extraordinaria que adelantan las autoridades regionales en el marco de la emergencia por el coronavirus fue denunciada ante la Procuraduría General y la Contraloría General. En ella estaría comprometido el gobernador de Bolívar, Vicente Blel Scaff, por haber suscrito un contrato con una empresa representada por el sobrino del presidente de la Asamblea departamental.
Se trata del Contrato 664 de 2020, que celebró la Gobernación de Bolívar con Salud Segura R y L S.A.S., representada por Carlos Andrés Rodríguez Arana, por valor de $435.301.024, con el objeto de suministrar elementos de bioseguridad, de acuerdo a lo señalado el SECOP, la plataforma oficial del Estado Colombiano para la contratación oficial.
El mismo contrato, sin embargo fue liquidado, es decir se acabó en acuerdo por ambas partes un mes después de estar ejecutándose (se suscribió el 27 de marzo de 2020 y se liquidó el 30 de abril de 2020), luego que el contratista Rodríguez Arana, en una reunión de seguimiento al cumplimiento del mismo informó que desistía del mismo por “hallarse incurso en la prohibición para celebrar contratos establecida en el artículo 1 de la Ley 1296 de 2009”.
La inhabilidad radica en que Rodríguez Arana es el sobrino del actual presidente de la Asamblea Departamental de Bolívar, Jorge Rodríguez Sosa, del Partido de la U.
Las denuncias sobre la presunta irregularidad fueron formuladas ante los organismos de control por parte del abogado Johan Patiño, quien asegura que “el gobernador Vicente Blel contrató con una persona inhabilitada en razón del parentesco que tiene como sobrino del diputado y presidente de la asamblea. Éste hecho debe ser sancionado por la Procuraduría y Contraloría, y puede originar incluso hasta la destitución de Vicente Blel”.
Para el abogado el hecho de que se haya reversado el contrato un mes después de firmado y haberse encontrado la inhabilidad, “no es suficiente para ocultar la situación que desde la Gobernación están haciendo contratos por fuera de las autorizaciones de la ley 80”. El problema de esa contratación es que quien contrata es el representante legal que es el gobernador, como se expresa precisamente en el contrato 664.
“En la ley 734 se considera esta como una falta gravísima, la celebración indebida de contratos y da incluso hasta la destitución, tal como está con la última reforma del Código”, manifiesta el abogado Patiño, quien en su opinión la investigación de los entes de control se puede abrir incluso de oficio. La Contraloría a mediados de abril pasado informó que en Bolívar hace la revisión de contratos por más de 17 mil millones de pesos que han suscrito tanto la Gobernación como las alcaldías, entre ellas la de Cartagena, en donde se suscribieron por más de 7 mil millones de pesos.
Fuente: El Universal
