En una respuesta reciente de la Superintendencia de Sociedades de Colombia a una solicitud de información sobre los procesos de insolvencia en el país, se revela un oscuro panorama que plantea serias preocupaciones para los inversionistas. La lentitud y la cantidad abrumadora de casos pendientes en esta entidad estatal han generado un ambiente propicio para prácticas cuestionables por parte de los propietarios de negocios con problemas financieros.
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La Carga de la Insolvencia: Más Allá de la Ineficiencia
Los inversionistas, tanto nacionales como internacionales, se encuentran navegando por un mar de incertidumbre en Colombia. La respuesta de la Superintendencia de Sociedades pone de manifiesto una realidad preocupante: la insolvencia de las empresas se ha convertido en un proceso tortuoso, donde las garantías para los inversores son escasas y las demoras son la norma, no la excepción.
La cantidad masiva de casos que enfrenta la Superintendencia ha llevado a una sobrecarga que afecta directamente la capacidad de respuesta. Con más de 100,000 radicaciones solo en el año 2020 y cerca de 73,000 en los primeros diez meses de 2021, la entidad se encuentra abrumada, y esta sobrecarga ha llevado a retrasos significativos en la resolución de casos.
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Las Jugadas Maestras de los Propietarios de Empresas
En medio de este caos administrativo, los propietarios de empresas en aprietos financieros encuentran oportunidades para maniobrar. La complejidad y las demoras en los procesos de insolvencia les otorgan un valioso tiempo adicional. Durante este período, tienen la capacidad de traspasar activos y, en algunos casos, incluso sacar fondos del país, dejando a los inversionistas con pocas opciones y garantías.
La respuesta de la Superintendencia menciona que, debido a la complejidad de los procesos, no es posible determinar la duración exacta de los mismos. Esta incertidumbre actúa como un escudo para aquellos propietarios de negocios menos escrupulosos, permitiéndoles orquestar maniobras que con toda seguridad, podrían perjudicar directamente a los inversores.
En contraste, los países de primer mundo exhiben sistemas judiciales y entidades estatales más ágiles. La rapidez con la que se abordan los procesos legales y se investigan fraudes en estas naciones brinda a los inversionistas una mayor sensación de seguridad y confianza en comparación con la situación en Colombia.
La Pandemia y el Escudo de la Ineficiencia
La emergencia sanitaria por el Covid-19 ha servido como una excusa perfecta para justificar las demoras y la suspensión de términos en los procesos de insolvencia. Mientras las entidades estatales se adaptan administrativa y tecnológicamente, los propietarios de negocios pueden aprovecharse de la situación, desplazando recursos y protegiendo sus intereses a expensas de los inversionistas.
En este complicado escenario administrativo, se suma una preocupante tendencia de aplazamientos constantes en las audiencias de incumplimiento. Este patrón de demoras agrega un nivel adicional de incertidumbre para los inversionistas, quienes observan cómo las garantías y la celeridad en los procesos se desvanecen en medio de un sistema que aplaza sus respuestas sin ninguna explicación.
Mirada Rápida al Presupuesto de la Supersociedades
En los últimos tres años, el presupuesto de la Superintendencia de Sociedades ha experimentado un crecimiento constante, pasando de aproximadamente $167mil millones en el primer año a $198mil millones en el último periodo. Este incremento parecería sugerir el fortalecimiento de la entidad, como por ejemplo, para mejorar sus operaciones, adaptarse a desafíos emergentes y garantizar eficiencia en sus funciones regulatorias y de supervisión en el ámbito empresarial en Colombia.
Fuente: Leyes de presupuesto de los últimos tres(3) años – En COP
Al observar el 2024, la distribución del presupuesto de la Superintendencia de Sociedades muestra una asignación de aproximadamente $166mil millones para su funcionamiento. No se asigna presupuesto para el servicio de la deuda pública nacional. Además, se destina alrededor de $32mil millones para inversiones, posiblemente orientadas a mejoras tecnológicas, infraestructura y otros proyectos que fortalezcan las capacidades y funciones de la Superintendencia.
Fuente: Ley 2342 del 15 de Diciembre de 2023
Conclusión: Garantías Inexistentes para los Inversionistas
En última instancia, la respuesta de la Superintendencia de Sociedades arroja luz sobre un sistema que deja a los inversionistas desprotegidos. La sobrecarga, la complejidad y las demoras crónicas en los procesos de insolvencia en Colombia crean un terreno fértil para aquellos que buscan evadir responsabilidades a expensas de quienes confiaron en sus negocios.
Paradójicamente, invertir en instrumentos financieros legales en Colombia se asemeja a adentrarse en esquemas piramidales. La falta de protección efectiva por parte del Estado deja a los inversionistas en una posición vulnerable, con garantías escasas y riesgos abundantes.
Mientras los inversionistas enfrentan una maraña burocrática y legal, los propietarios de empresas insolventes pueden bailar alrededor de la ley, trasladando activos y evitando las consecuencias. En un entorno donde la transparencia es difusa, la confianza de los inversionistas se ve socavada, poniendo en riesgo la integridad del mercado y la salud financiera del país.
