En medio de la discusión del presupuesto nacional para el año 2024, surge una pregunta incómoda pero fundamental: ¿por qué el gobierno evita atacar de frente la corrupción, una fuente potencialmente rica de recursos para financiar sus planes?
La aprobación del presupuesto, que alcanzará cifras astronómicas de 502,6 billones de pesos, ha generado preocupaciones sobre la sostenibilidad de su financiamiento. Mientras se discuten posibles aumentos de impuestos y recortes presupuestarios, se observa un elefante en la habitación: la corrupción.
Desafíos en la financiación
El presupuesto, con un aumento del 24% con respecto al año anterior, plantea serias interrogantes sobre cómo se financiará realmente. Se ha destacado que el 62% se destinará a gastos de funcionamiento, una categoría que, según críticos, ha sido históricamente ineficiente. En este contexto, la corrupción emerge como un problema no abordado de manera directa.
Decisiones de la corte y agujeros en el presupuesto
El reciente fallo de la Corte Constitucional, que declara inexequible la prohibición de deducir las regalías de la base gravable del impuesto de renta para empresas extractivas, añade presión financiera al presupuesto. Además, la decisión a favor de usuarios industriales de zonas francas reduce aún más el recaudo, generando un agujero de aproximadamente $4 billones.
Corrupción como fuente de recursos
Especialistas señalan que la corrupción podría ser una veta de financiamiento desaprovechada. La falta de medidas contundentes para combatirla deja preguntas sobre por qué el gobierno no prioriza la recuperación de fondos malversados. Se estima que la corrupción le cuesta al país miles de millones de pesos anualmente, recursos que podrían dirigirse hacia el presupuesto nacional.
La necesidad de una estrategia anti-corrupción
Ante este panorama, los ciudadanos se preguntan por qué no se implementa una estrategia integral contra la corrupción. La falta de medidas efectivas para recuperar activos y castigar a los culpables deja en entredicho el compromiso real del gobierno con la transparencia y la lucha contra la malversación de fondos.
En conclusión, la corrupción persistente y la aparente renuencia del gobierno para abordarla directamente plantean dudas sobre la verdadera voluntad política de enfrentar este problema de manera decidida. ¿Es la corrupción una fuente de recursos desaprovechada que podría aliviar la presión financiera del presupuesto nacional? La respuesta sigue siendo evasiva, mientras el país espera una estrategia concreta contra este flagelo que socava las bases mismas del desarrollo económico y social.
