El senador Gustavo Bolívar, de la Lista de la Decencia y uno de los mencionados, prepara una moción de censura contra el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, por su responsabilidad política.
La historia de las “chuzadas” parece haber dormitado por unos años mientras regresaba la política de seguridad democrática al país. O al menos esa es la percepción de los congresistas de la oposición víctimas de estas interceptaciones ilegales en el nuevo capítulo que reveló el viernes pasado la revista Semana, y que se complementan con las conocidas el pasado mes de enero, días después de la renuncia del general Nicacio Martínez, entonces comandante del Ejército, por “motivos familiares”, según dijo. Para la revista, su salida se habría precipitado por el uso ilegal de sofisticados equipos de espionaje.
Los personajes son los mismos: periodistas, políticos críticos al Gobierno, magistrados y líderes sindicales que se convierten en el foco de sospechas, años atrás para el extinto DAS y ahora para comandos de inteligencia y contrainteligencia del Ejército. Carpetas, perfiles, conexiones laborales y personales. Una suma de datos que a los ojos de muchos no son obtenidos mediante fuentes abiertas y redes sociales, como se aseguró desde la cabeza de las Fuerzas Militares.
Así las cosas, no solo vendrán denuncias ante instancias nacionales e internacionales, sino que se está cuajando una moción de censura contra el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. “Radicaré la proposición hoy ante la Secretaría y mañana lo anuncio en plenaria. Pasan cosas y siempre echan a los mandos medios y los responsables políticos nunca aparecen”, agregó el senador de los Decentes.
Además, queda otro debate pendiente que, lo más seguro, se desarrollará en la misma Comisión Segunda que tramita asuntos de relaciones exteriores, y es el concerniente al dinero de recursos públicos de Estados Unidos, destinados para la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado, que supuestamente se desviaron para la actividad ilícita de interceptar a las personas. El panorama ahora es que algunos de los objetivos fueron ciudadanos estadounidenses. Una punta de lanza que podría servir como argumento dentro del Congreso del país norteamericano para reducir las ayudas a Colombia.
Fuente: El Espectador
